11 enero 2021

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Vacuna contra el Covid19:

corrupción, opacidad y elecciones

Rafael Pérez Cárdenas

          Durante el proceso electoral, el gobierno entregará de manera simultánea –incluso durante el periodo de veda-, vacunas y dinero de ayudas federales. El plan de vacunación del gobierno federal podría convertirse en el más sonado caso de corrupción, opacidad y manipulación electoral del actual régimen; lo peor del caso es que el propio presidente ya lo ha dicho, así que no engañará a nadie.

Es tan evidente el propósito electoral de la vacunación que López Obrador anunció sin rubor alguno la creación de 10 mil brigadas para colocar las vacunas contra el Covid-19, mismas que serían integradas por 120 mil funcionarios y voluntarios. Pero resulta que la mayor parte de ellos no vendrían de la Secretaría de Salud sino de la Secretaría del Bienestar. Miles de funcionarios públicos haciendo campaña mientras los siervos de la nación entregan vacuna y dinero, con los atentos saludos del señor Presidente.  

“En el sitio donde se atiende a los adultos mayores cuando se les entrega su pensión, o en la escuela o en la unidad médica rural, o en la plaza (…) está ahí la brigada, dos días se va a aprovechar para entregar la pensión que corresponde al bimestre y ahí se vacuna”, dijo el Presidente para justificar su decisión. Mientras llega la estrategia del gobierno, el país registra el peor pico de la pandemia desde que inició hace 11 meses; apenas el sábado pasado rebasamos los 16 mil contagios en un día.

Pero aún faltan cinco meses para la elección y la vacuna amenaza con convertirse en el eje de la propaganda electoral del gobierno. Sólo así se explica que mientras Israel había aplicado un promedio de 14 mil vacunas por cada millón de habitantes durante la primera semana del año (Estados Unidos y Dinamarca mil; Rusia 466, Alemania 413, Italia 315, Canadá 247), en México sólo se habían administrado 29, en medio de escándalos por la vacunación de funcionarios, familiares y hasta artistas.

Aunque vacunas y apoyos económicos son necesarios, la estrategia electoral del Presidente viola la ley y rompe la equidad de la competencia. Los candidatos morenistas no tendrán que hacer campaña, sólo subirse a la inmoral propaganda presidencial como sucedió en 2018. Mientras, el Presidente podrá administrar libremente la distribución de la vacuna, justificando que las fechas se entrega de las farmacéuticas no se pueden sujetar a calendarios electorales, y que por tanto, es necesario aplicar la vacuna en cualquier momento y lugar.

Esto podría ser irrefutable hasta para el Instituto Nacional Electoral (INE). ¿Acaso se opondría a una campaña de vacunación masiva durante el mes de mayo, en el clímax de las campañas electorales?

Hasta este momento, los ciudadanos no tenemos acceso a información oportuna y suficiente sobre el tema de la vacuna contra el Covid-19. Nadie sabe –y difícilmente lo sabremos- cuántas vacunas ha comprado el gobierno, a qué laboratorios, cuál ha sido el precio (o sobreprecio) y los periodos de entrega. Tampoco serán públicos los contratos que contienen esta información y otros datos relevantes sobre la estrategia de vacunación. La discrecionalidad será el primer paso a la corrupción como sucedió con la compra de ventiladores para pacientes graves.

El Presidente ha dicho que se ha vacunado a un promedio de 5 mil personas diarias pero no sabemos a quién. Ni siquiera hay la certeza de que haya sido específicamente a personal médico, luego de que muchos de ellos se quedaron sin recibir la vacuna o que en algunas entidades federativas llegó la mitad de las dosis que se habían acordado. Nadie en este momento sabe cuándo podremos recibir la vacuna, aunque podemos confiar en que seguramente será antes del 6 de junio, día de la jornada electoral.

La opacidad en la información sobre las vacunas contra el Covid-19 explica el por qué de la animadversión presidencial a los organismos autónomos y su obsesión por desaparecerlos. Sin esos organismos no habrá quien exija cuentas al gobierno o revise su actuación.

Un caso específico es el INAI. Se trata de una institución que garantiza el derecho al acceso a la información pública y la protección de datos personales. Si bien el Presidente ha ofrecido que daría respuesta a las solicitudes de información en 72 horas, la realidad es que su gobierno ha sido el más reacio a entregar información y con más quejas ante este instituto. En dos años ha acumulado más reservas de información que Calderón y Peña Nieto en todo su gobierno. Además, el gobierno tendría acceso exclusivo a nuestros datos personales.

Esta mañana el Presidente López Obrador se reunirá con su grupo de “expertos” para elaborar la iniciativa que busca desaparecer los organismos autónomos e incorporar sus funciones a dependencias del gobierno federal. Vacunar a la 4T para que no fallezca a causa de la pandemia es la prioridad del Presidente.

La del estribo…

  1. ¿Cuánto dinero gubernamental está inmiscuido en el diferendo entre los dirigentes del PAN, PRI y PRD para formalizar una alianza electoral? Las excusas presentadas –“caprichos electorales”, “acuerdos ocultos”- no justifican la cancelación de la única posibilidad de recuperar el control del Congreso y los principales gobiernos municipales. Es la crónica de un naufragio anunciado. Morena les aplicó la fideliña: todo lo que se puede comprar con dinero es barato.
  2. Los nuevos casos de Covid19: Jesús Ramírez, Vocero del Presidente López Obrador; y un pasajero internacional que trajo la nueva cepa a la ciudad de México y de ahí a Tamaulipas. Para la canciller alemana Ángela Merkel, lo peor está por venir; para AMLO, ya la libramos. Por lo pronto, en lo que va del año ya se cuentan 107,945 nuevos contagios y 7,899 fallecimientos.
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